Cómo dejar quebrar (liquidar) a los bancos y no morir en el intento

Hace pocos días Eduardo Garzón publicó en su blog el artículo: ¿Qué pasaría si los bancos españoles en problemas no recibieran ayudas y se les dejara caer?

Y hace ya unos meses circuló por la red el famoso video del analista financiero Francisco Viyuela explicando que no había bancos sistémicos en España; que podrían quebrar sin que ello afectase a los depósitos, lo cual sería mucho más barato que tener que inyectarles dinero.

Estando esencialmente de acuerdo con lo dicho por ambos, nos gustaría matizar y completar la información yendo un poco más allá de sus argumentaciones. Veamos.

Lo primero que vamos a hacer es detallar un poco más el cuadro de activos financieros según el nivel de riesgo de impago o de crédito en caso de quiebra o liquidación.

 

El principal factor que determina el riesgo de crédito de un producto es su orden de prelación, esto es, el orden en el que se asumen las pérdidas en caso de quiebra. Otros factores a tener en cuenta son el posible aval del Estado o los activos hipotecarios, este sería el caso de las cédulas, la deuda pública o los depósitos. Los primeros en asumir las pérdidas serían los accionistas, después los titulares de participaciones preferentes, seguidos de los de deuda subordinada, deuda senior y finalmente los depositantes. En este último caso, los primeros 100.000 euros de cada cuenta estarían teóricamente cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Decimos teóricamente porque el Estado viene echando mano del FGD para ayudar a los bancos en sus adquisiciones de cajas (La CAM por el Sabadell o Unnim por el BBVA) y dudamos ya de que realmente hubiese suficiente dinero para hacer frente a cualquier quiebra. En cualquier caso, tal y como dicen Garzón y Francisco Viyuela, los depositantes nada tendrían que temer si hay un colchón suficiente de dinero entre bonistas y accionistas pues ellos pagan primero.

En teoría, cuanto mayor es el riesgo del producto mayor debería ser su rentabilidad potencial. Así lo señala Eduardo Garzón en su artículo diciendo que en los activos más arriesgados se gana más. Pues bien, eso no es necesariamente cierto. En primer lugar, porque tanto las acciones como las participaciones preferentes son títulos perpetuos, sin vencimiento, lo que hace que el riesgo de mercado sea un factor muy a tener en cuenta añadido al riesgo de crédito. Nada garantiza, pues, que un accionista gane más dinero que un depositante. En segundo lugar, porque en las preferentes y las subordinadas los cupones que se han ofrecido por parte de la banca para nada han estado ajustados al riesgo real de impago. Y por último, los dividendos de las acciones y los cupones de las preferentes están sujetos a beneficios.

Un caso claro es el de las recientes emisiones de pagarés bancarios (los cuales tienen categoría de deuda subordinada) que han sido comercializados por muchos bancos en sustitución de los depósitos para evitar tener que hacer ingresos adicionales al FGD tal y como marca la normativa actual. Encima, los intereses ofrecidos por estos pagarés, en muchos casos, están por debajo de los ofrecidos por depósitos de otras entidades. De igual forma, las letras del tesoro, el activo más seguro al tratarse de deuda pública a corto plazo, han ofrecido, debido a los repuntes de la prima de riesgo rendimientos de entre el 3 y el 5% TAE. Algo que, no sólo supera la mayoría de los depósitos y pagarés que ofrece la banca, sino que se acerca a los rendimientos superiores ofrecidos en las famosas preferentes. Estas daban unas rentabilidades de entre un 5 y un 7%. Por último, hay que añadir que gran parte de las preferentes ya han dejado de pagar cupón porque está sujeto a beneficios, tal como muestra el cuadro superior. Es el caso de las preferentes de Bankia, por ejemplo.

Entonces, ¿cómo es posible que se hayan colocado tan malos productos y de tan elevado riesgo? Pues porque se han vendido a minoristas. La deuda de calidad, (bonos senior, avalados, cédulas o la misma deuda pública) se ofrece a mayoristas institucionales, es decir, a otras entidades financieras, nacionales o extranjeras. La deuda mala, (subordinadas y preferentes) se ofreció principalmente a los clientes de oficina y en muchos casos a gente que jamás habría dado el perfil para este tipo de productos, como es el caso de los jubilados. Este tipo de productos complejos se vendieron como si fueran depósitos dirigidos a “resguardar” y “rentabilizar” los ahorros de trabajadores y jubilados. La estafa ha sido masiva y según algunas estimaciones habría unos 30.000 millones de euros colocados en preferentes a minoristas[1]. En algunos casos la estafa ha sido doble: es el caso de los que ejecutaron el canje de las preferentes por acciones[2] que ya asumían pérdidas potenciales del 30% o más de su capital. Apenas un mes después de realizarse el canje, el banco reconocía pérdidas millonarias y se hundía su cotización, dejando a quién sabe cuántos ahorristas pillados con pérdidas latentes de entre el 60 y el 80%. Gente que pensando que depositaba sus ahorros en lugar seguro acabaría años más tarde metida en la vorágine bursátil de la renta variable y además en plena crisis. Urge, pues, una solución colectiva para los intereses de miles de ahorradores que han sido engañados por sus bancos.

 

De hecho, la Troika ha presionado al Estado para que accionistas y bonistas de preferentes y subordinadas asuman ya una parte de las pérdidas a cambio de efectuar el rescate cuantificado en 100.000 millones. Lo tienen todo calculado, se trata de que la deuda senior salga indemne porque es ahí donde están los clientes institucionales, es decir los bancos extranjeros, entre ellos los alemanes. La otra parte de las pérdidas la cargarán sobre los contribuyentes, es decir, sobre trabajadores y jubilados, nuevamente, vía recortes y subidas impositivas. Algunos aquí van a pagar por partida doble, el drama está servido.

Sabiendo todo esto, queda claro que las cosas no son tan sencillas como ejecutar los títulos por su orden de prelación. Hace falta un auténtico plan de choque contra la banca. Dicen que a grandes males grandes remedios. Pues bien, el primer paso debería ser auditar su deuda y separar la deuda institucional de la deuda minorista independientemente de su prelación. Si se declararan nulos los contratos de venta de preferentes y subordinadas a minoristas, el peso de la quita recaería sobre los bonistas mayoristas y los accionistas[3] (a excepción de los que acudiesen a canjes de preferentes que quedarían cubiertos por la nulidad contractual). Aun con eso, 350.000 particulares, la mayoría clientes de Caja Madrid, sufrirían pérdidas cercanas al 100% de su inversión en acciones. Deberán examinarse esas colocaciones caso por caso, indemnizando sólo los casos en los que la venta de acciones se haya producido mediante presiones manifiestas y procedimientos fraudulentos. Un proceso largo y tortuoso.

La nulidad debería hacerse extensiva también a los swaps y a los collars (cláusulas suelo) comercializados junto con las hipotecas durante los últimos dos años de la burbuja inmobiliaria. Con ellos los bancos ganan unos 630 millones anuales a costa de otros tantos estafados[4].

Mucho más importante que todo lo dicho sería establecer una moratoria en los desahucios en curso hasta la aprobación de un plan de rescate a las familias en quiebra[5].

Francisco Viyuela comenta, además, que las pérdidas de la banca son más grandes de lo que estos afirman porque mantienen gran parte del stock de pisos fuera del mercado. Afirma que no los ponen a la venta para evitar dañar sus balances, y es cierto, pero hay un motivo más. En un mercado libre el precio viene determinado por el cruce entre oferta y demanda y todos sabemos que el principal ofertante de pisos hoy día, y con diferencia, es la propia banca. El problema que tienen es doble, porque ellos son el mercado. Si pusieran todo el stock de pisos a la venta, el precio de mercado se desplomaría a cotas aún más bajas. Es como si el poseedor del 70% de las acciones de una compañía quisiera deshacer su posición de golpe; el resultado sería un desplome de la cotización. Pues exactamente lo mismo ocurriría si mañana todos los bancos empiezan a poner a la venta sus stocks. Las pérdidas cuantificadas en sus activos inmobiliarios alcanzarían fácilmente de un 60% a un 80%[6]. Imponer la salida al mercado de todos los activos inmobiliarios aceleraría su descenso. Y eso es algo que podría provocar la puesta en marcha del famoso banco malo si se deciden a deshacer posiciones inmobiliarias en masa.

La política en España y en Europa en general es la de aguantar y salvar el sistema en lo posible. Sin demasiados cambios en el aspecto financiero y sí con muchos recortes sociales para hacer frente a los préstamos. La idea que tienen es que dentro de uno, dos o tres años a lo sumo la economía empezará a remontar y entonces la gente se irá olvidando, y ellos, los oligarcas político-financieros, habrán salvado su sistema, su dinero y, lo que es más importante, su posición de poder. Entonces saldrán y dirán que fue gracias a sus necesarias medidas. No esperéis por tanto nacionalizaciones con vocación social. Enseguida que pueda, el Estado revenderá sus posiciones en las entidades intervenidas previamente saneadas con el dinero de todos.

Sin embargo, algo falla, los precios no bajan y eso impide la recuperación porque recortar más implica dejar a la gente en la miseria y sin la cobertura de los servicios más esenciales. Saben que sin cambiar las cosas la situación no aguantará mucho más de dos o tres años. Pero los aguantarán porque si, al final, pierden, habrán ganado unos años; si ganan, se van de rositas. Así que, ¿para qué rendirse ahora si pueden jugársela a aguantar y esperar?

Pero hagamos un último ejercicio de imaginación y pensemos en lo que pasaría si los oligarcas cayesen mañana. Si el Estado pasase a manos ciudadanas, controlado por una Asamblea Constituyente creada a tal efecto y por un gobierno provisional nombrado por ella, de poderes limitados y sometido al mandato imperativo.

El Estado debería empezar a intervenir en el mercado financiero adoptando medidas como las que hemos citado más arriba. Las cotizaciones de los bancos con mayor riesgo de quiebra se hundirían pasando a valer casi cero, con lo cual la nacionalización de estos se podría efectuar a un coste bajísimo. Con muy poco dinero el Estado se podría convertir en el accionista mayoritario de las entidades que quisiese.

El Estado decretaría órdenes de busca y captura para todos los directivos que se han jubilado con fondos de pensión millonarios con el objetivo de recuperar el total del montante. Se embargarían los bienes de todos ellos y se congelarían todas sus cuentas. Se juzgaría a todos los que se pudiese y se iniciarían los trámites para recuperar todo el patrimonio ocultado en los paraísos fiscales.

El panorama bancario cambiaría radicalmente. Probablemente sólo tres grandes bancos sobrevivirían en España a la quiebra masiva, el BBVA y el Santander por estar bien diversificados en el extranjero y una gran Banca Pública que habría fagocitado al resto de entidades. Se crearía un gran fondo de pensiones público con el que se recuperaría el control de los sectores estratégicos y se ampliaría el número de cláusulas bajo las que se podría proceder al rescate de los fondos. Las emisiones de deuda pública se centrarían más en captar capital minorista reduciendo su nominal y mejorando las facilidades para su compra en condiciones ventajosas respecto a la oferta de la banca privada, sin cobro de comisiones ni impuestos especiales. Se eliminaría o restringiría mucho la comercialización de activos financieros especulativos, tales como los naked CDS[7], CFDs, Warrants, y se prohibirían las operaciones bajistas a crédito. Se impondría un impuesto especial a las transacciones financieras[8] y se forzaría a que todos los pagos de la administración y del sector público, nóminas de funcionarios, prestaciones sociales, pensiones y becas se efectúen a través de la nueva banca pública. La deuda sería auditada y los prestamistas institucionales, conocedores, estos sí, de las características de los productos que contrataban asumirían las justas pérdidas que les corresponden por no haber calculado bien el riesgo.


Referencias y anotaciones

[1] “España negocia con Bruselas un acuerdo para … – El Confidencial.” 2012. 29 Oct. 2012 <http://www.elconfidencial.com/economia/2012/08/15/espana-negocia-con-bruselas-un-acuerdo-para-salvar-a-los-inversores-en-preferentes-103816/>

[2] “Pérdidas del 57% para los inversores del canje … – Economía – El País.” 2012. 5 Nov. 2012 <http://economia.elpais.com/economia/2012/06/22/actualidad/1340391920_353111.html>

[3] “Caixabank tira la toalla en Bankia y vende su paquete con fuertes …” 2012. 29 Oct. 2012 <http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/2012/07/19/caixabank-tira-la-toalla-en-bankia-y-vende-su-paquete-con-fuertes-perdidas–2207/>

[4]  “las cláusulas suelo generan ingresos a la banca por 630 … – Idealista.” 2012. 29 Oct. 2012 <http://www.idealista.com/news/archivo/2012/08/06/0496979-las-clausulas-suelo-generan-ingresos-a-la-banca-por-630-millones-de-euros-segun-ausbanc>

[5] Plan estatal de recompra y refinanciación hipotecaria de primeras viviendas.

  • Podrán acogerse al plan aquellos ciudadanos hipotecados en una primera vivienda y que no tengan renta suficiente para pagar la cuota mensual. Se considerará renta insuficiente cuando el resto entre la cuota y los ingresos sea menor a cierto límite establecido según el número de miembros de la familia.
  • El Estado amortizará de golpe la parte faltante por pagar a precio de mercado actual, por tanto, sin pagar ningún interés adicional al banco. El banco, por tanto, asume la pérdida de los intereses restantes y de la parte del principal fruto de la depreciación del valor de la vivienda.
  • El Estado amortizará de golpe la parte faltante por pagar a precio de mercado actual, por tanto, sin pagar ningún interés adicional al banco. El banco, por tanto, asume la pérdida de los intereses restantes y de la parte del principal fruto de la depreciación del valor de la vivienda.
  • El Estado pasa a ser copropietario con el inquilino con una fracción que dependerá de lo que el inquilino ya hubiese amortizado. Establece también una renta estándar que dependerá del valor de la tasación realizada en el punto anterior y del % en su propiedad.
  • El inquilino conservará opción de compra sobre la parte restante hasta su muerte pudiendo renunciar a ella si se muda a otra vivienda, dejando de pagar también en ese caso la renta establecida en el punto anterior. Si a la muerte de los inquilinos en régimen de propiedad parcial ninguno de estos ha ejercido la opción de compra, la opción se considerará también no ejercida y la vivienda pasará de igual modo a ser propiedad del Estado en el 100%.
  • Se ofrecerá la posibilidad de mudanza a otra vivienda de protección oficial de valor inferior en el caso de que la renta resultante de la tasación sea aún excesiva para la familia.
  • Se establecerá un régimen provisional de ayudas para el pago de dichas rentas cuyo valor dependerá de una matriz que cruzará los metros cuadrados de la vivienda con el número de miembros de la familia.

[6] “La burbuja no ha acabado de desinflarse | Economía | EL PAÍS.” 2012. 29 Oct. 2012 <http://economia.elpais.com/economia/2012/10/20/actualidad/1350757200_284160.html>

[7] Esta medida ya se aprobó para la UE. “Euro-Parliament bans ‘naked’ credit default swaps — EUbusiness …” 2011. <http://www.eubusiness.com/news-eu/finance-economy-cds.dij>

[8] A escala de la Unión Europea ya se ha aprobado aunque podrían añadirse ITF a escala nacional. “Impuesto sobre las transacciones financieras – Europa.” 2012.
<http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_general_framework/mi0087_es.htm>

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Acerca de Víctor García

Licenciado en física, máster en física computacional y posgraduado en técnicas cuantitativas para los mercados financieros. Ha trabajado como personal docente investigador en la UPC y como técnico de banca en una gestora de fondos de inversión. Actualmente interesado en encontrar nuevas formas de gobernanza colectiva que permitan el ejercicio de una soberanía popular real así como por potenciar el desarrollo de una nueva modelización económica basada en agentes como solución a los problemas de previsión económica y asignación de recursos.
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