A estas alturas de la película no creo que nadie se extrañe si decimos que no vivimos en una democracia al uso sino en una oligarquía[1], bastante autoritaria por cierto, cuyo funcionamiento se basa en el sistema de gobierno representativo que es oligárquico por naturaleza. Escasez democrática que aún se acentúa cuando se trucan las reglas adecuadamente para que los oligarcas puedan perpetuarse en el poder con más facilidad. Aviso para los neófitos que se acerquen por aquí, tener elecciones no es sinónimo de democracia. En realidad, para saber si vivimos en una democracia basta hacerse una pregunta bien simple. ¿El poder está en manos del pueblo o de unos pocos poderosos y privilegiados? Respuesta obvia. Nos torean, y lo malo es que lo sabemos pero apenas hacemos nada mientras nos autoconvencemos de que vivimos en democracia. Aunque vamos aprendiendo.

Hemos empezado así, para dejar claro que aspiramos a algo más que a simples mejoras cosméticas del sistema. Aspiramos a una democracia real, del pueblo y para el pueblo, en la que los intermediarios apenas sean necesarios, y que, en caso de serlo, sean un reflejo más fiel de la voluntad popular y sus dignos servidores, nada más.

Dicho esto, somos conscientes de que una mejora en los mecanismos del sistema de gobierno representativo posibilitaría un acercamiento hacia la consecución de esos fines. Por ello, una parte de las reivindicaciones democráticas deben ir enfocadas hacia la modificación de la ley electoral, porque puede que sea un paso previo necesario.

El sistema electoral y sus efectos sobre las elecciones catalanas de 2012

El sistema o ley electoral es el mecanismo mediante el cual se traducen los votos en escaños en un sistema de gobierno representativo. Nos hemos tomado la libertad de analizar sus efectos sobre los resultados de estas elecciones para darnos cuenta de cómo los diferentes filtros y limitaciones dejan unos resultados bastante distorsionados.

La primera traba que observamos es el cambio legislativo, aprobado en 2011, que obliga a todos los partidos sin representación en el arco parlamentario a presentar avales para presentarse en cada provincia. Han de lograr un mínimo del 0,1% del censo electoral por cada provincia. En el caso de Catalunya, para estar en todo el territorio habría que presentar un 0,1% de avales sobre el censo en cada una de las cuatro provincias. El resultado es evidente, si en 2010 se presentaron 40 candidaturas, en 2012 solo 18 lograron presentarse y ni siquiera todas lo hicieron en todas las provincias[2].

El segundo impedimento importante en la ley electoral son las circunscripciones provinciales. Cuatro en total en Catalunya. Aún así, esta comunidad, tiene la ventaja de que es el parlamento regional con mayor número de representantes en la cámara, 135, de los cuales 85 se eligen por Barcelona lo que incrementa la proporcionalidad y las posibilidades de que los partidos minoritarios obtengan representación. Aumentar el número de circunscripciones y reducir el número total de representantes son dos maneras de incrementar las barreras de entrada para los partidos o lo que es lo mismo, una manera de empobrecer la pluralidad en el arco parlamentario. La razón estriba en que los restos de cada circunscripción no son contabilizados; así que, cuantas más circunscripciones, más restos y, por tanto, menos votos contabilizados. Este es también el caso del Congreso español donde se reparten 350 escaños procedentes de 52 circunscripciones, nada menos.

Otra distorsión añadida, compartida también con la ley electoral a escala nacional y del resto de CCAA, es la sobreponderación del voto rural en relación al voto urbano. Así, en la provincia de Barcelona, el voto vale considerablemente menos que en las otras tres provincias, menos pobladas. Esto, en Catalunya, se produce de tres maneras. En primer lugar, con los mínimos por provincia: cada una de las cuatro provincias tiene un mínimo base de 6 escaños. En segundo lugar, el resto de la asignación de escaños que le corresponden a cada provincia se otorga por población; pero, mientras que a Barcelona le cuesta 50.000 votos sumar un escaño al resto de provincias le cuesta solo 40.000. Finalmente, a la provincia de Barcelona se le impone un tope de 85 diputados. Esta distorsión típicamente favorece a las fuerzas conservadoras, quienes suelen controlar con más facilidad el voto rural, a la vez que se perjudica al voto urbano, normalmente más hostil a ellas.

Pero, aún hay más. La barrera de entrada que elimina toda posibilidad de representación en la provincia a aquellos partidos que no superen el 3% de los votos emitidos. En la práctica, estos mínimos de acceso, solo tienen un efecto sensible en grandes circunscripciones como Barcelona o Madrid, ya que, en la mayoría, el mínimo real es mayor debido al limitado número de escaños que se reparten en cada una de ellas.

Por último está la regla de reparto, que es la fórmula matemática que se usa para asignar los escaños a las distintas formaciones a partir de los votos emitidos. En toda España, y Catalunya no es una excepción, se usa la ley de Hondt que premia a los partidos más votados en detrimento de los menos votados facilitando así la obtención de mayorías y haciendo que, incluso dentro de una sola circunscripción la distribución de escaños no sea enteramente proporcional.

En la siguiente tabla mostramos el efecto de distintas reglas de distribución de escaños sobre el mismos escrutinio (elecciones al Parlament de Catalunya 2012). En cada columna de la tabla hemos añadido más modificaciones que van eliminando distorsiones.

La primera columna contiene el reparto oficial. En la segunda columna hemos equiparado todos los votos considerando una circunscripción única para toda Catalunya. En la tercera columna, además, hemos eliminado el mínimo de acceso actualmente establecido según la ley electoral catalana en el 3%. Finalmente, en la cuarta, hemos cambiado la regla de reparto pasando de la ley de Hondt a la ley de Hare, la cual nos otorga una proporcionalidad pura, dentro del margen que nos dejan los 135 escaños a repartir, claro está. Lo que podemos observar es que la principal distorsión en el resultado electoral es debida a la circunscripción múltiple y no la ley de Hondt como muchas veces se nos dice. Vemos que el partido más perjudicado por no tener circunscripción única han sido las CUP quienes han tenido el escaño más caro del parlamento. Si el sistema fuera auténticamente proporcional, habrían logrado dos más. La barrera de acceso tiene un efecto distorsionador perjudicial sobretodo para los partidos más pequeños y residuales. El objetivo de estas barreras es evitar una excesiva atomización parlamentaria que diese un residuo de partidos con muy pocos escaños pero determinante para la formación de mayorías. Hasta qué punto la atomización parlamentaria es o no perjudicial para la gobernabilidad, sigue siendo una cuestión muy debatida.