Lo que parecía imposible en el régimen electoral español ha sucedido. Dos nuevos partidos de ámbito estatal han entrado por fin con fuerza en el panorama político cambiando de un plumazo el escenario al que la política española nos tenía acostumbrados. Esto ya no solo es cosa de dos. En Europa, un escenario así no solo no es algo inédito sino que es lo habitual. De hecho, los países con mejores niveles de bienestar tienen, todos, sistemas multipartidistas y aunque, no podemos establecer una relación directa de causa a efecto, sí parece que podría tener algo que ver. Cuanto menos, el pluripartidismo podría ser una condición necesaria, aunque no suficiente, para la construcción de un modelo estable de país a largo plazo.

Ciertamente, el multipartidismo es algo inédito en España y la culpa la tiene, como es sabido, su infame ley electoral. Una ley pensada para reforzar a las dos primeras fuerzas políticas y, por ende, generar un bipartidismo fuerte. Sin embargo, la crisis financiera y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2008 suponen una quiebra enorme de la confianza que los ciudadanos tenían depositada en los dos partidos tradicionales que se venían alternando en el poder, PP y PSOE. Aun así, con el sistema electoral vigente es cuestión de tiempo que se vuelva a estabilizar en torno a un nuevo bipartidismo y por ello, si queremos consolidar este escenario urge modificar la ley electoral antes de que sea demasiado tarde.

Para poner el colapso bipartidista en contexto, hay que decir que lo que se ha visto en estas generales no es más que la propagación de esa quiebra de confianza que se remonta a antes de las europeas. Lo podemos ver en el gráfico de arriba. Lo cierto es que ese escenario no inquietaba mucho al régimen mientras ese malestar se traducía solo en más abstención, más voto en blanco y más dispersión del voto entre los partidos pequeños. El problema viene cuando entran en escena Podemos, Ciudadanos y las confluencias municipalistas. Esas fuerzas se convierten en atractores y movilizadores de voto, capaces de canalizar el malestar latente y poner en jaque al sistema. Lo empezamos a ver en las europeas, luego nos sorprendió arrolladoramente en las municipales y ha quedado ratificado en las generales. Pero los porcentajes, en esencia, no han variado desde entonces. El bipartidismo clásico ha descendido hacia niveles del 50% y, por ahora, ahí aguanta su posición, atrincherado.

Y puede aguantar dignamente, porque todo este castigo se ha traducido bastante mal en escaños al Congreso. La ley electoral, tal y como vemos en el gráfico siguiente, ha hecho de las suyas. Si nos fijamos bien, resulta evidente que el porcentaje en escaños de los dos primeros partidos supera con creces a su porcentaje en votos obtenidos. Mientras que al resto de partidos nacionales, Podemos, Ciudadanos e IU, especialmente a estos dos últimos, la ley electoral les penaliza. Y todo eso sin contar a todas aquellas personas que han votado a uno de los dos partidos clásicos porque viven en circunscripciones donde las posibilidades de que un partido pequeño obtenga escaño son muy bajas.

Y es que, tal y como apuntamos en ley electoral en España, las barreras efectivas de entrada para un partido nuevo de ámbito estatal son muy elevadas. Si un partido quiere ser representado con un mínimo de proporcionalidad debe obtener al menos un 20% de los votos. Podemos y sus confluencias ha alcanzado a la primera ese umbral, algo impensable hace tan solo un par de años y, por eso, ha sido poco penalizado. En cambio, Ciudadanos o IU se han quedado mucho más cortos y han sido castigados más severamente.

Reformar la ley electoral

Como no podía ser de otra forma, desde sistemaencrisis nos hemos planteado las reformas posibles y otras no tan posibles de la ley electoral y sus efectos sobre la distribución de escaños. Tal como ya anticipamos en https://sistemaencrisis.es/2015/11/09/ley-electoral-basada-en-el-sistema-danes/, el Partido Popular posee una minoría de bloqueo tanto en el Congreso como en el Senado que le permite impedir cualquier reforma de la Constitución. Esto significa que habría que irse olvidando de poder cambiarla en un sentido que perjudicase al PP, a menos que hubiese un escenario de enorme presión ciudadana o internacional, escenario que, por ahora, no contemplamos. Nuevamente, y esta vez con los datos frescos y actualizados de los resultados de las generales del 20D, hemos querido analizar cuáles serían las mejoras más sencillas de aplicar y que nos reportarían mejores resultados si lo que buscamos es una mayor proporcionalidad y libertad de voto. En ese sentido hemos considerado reformas que nos acerquen a un sistema en el que se cumplan los cuatro derechos democráticos básicos de igualdad y libertad de voto:

1. Todo ciudadano tiene derecho a que su voto valga igual que cualquier otro.
2. Toda candidatura tiene derecho a obtener un porcentaje de representantes tan cercano como sea posible al de votos obtenidos.
3. Todo ciudadano tiene derecho a que su voto cuente sin que éste sea excluido por barreras electorales innecesarias.
4. Todo ciudadano tiene derecho al voto transferible para que su voto cuente aunque su primera opción no pase la barrera.

Para lograrlo, nos hemos servido de un código propio en python que hemos ido configurando para que nos simule toda una serie de variaciones sobre el modelo vigente. Hemos acompañado cada simulación con el cálculo del índice Gallagher. Este es un índice de desproporción. Así, cuanto más cercano sea a cero su valor, mayor libertad de voto tendrá el elector y mayor proporcionalidad e igualdad en el valor del voto presentará el sistema. Además, una ley proporcional sería la garantía para consolidar definitivamente un escenario multipartidista. En el siguiente capítulo hablaremos de por qué nos conviene tener un sistema así.

Caso de estudio 1: Aislando el efecto de tres cambios distintos

En un primer análisis, hemos aislado el efecto de incorporar tres modificaciones distintas que no implicasen tocar la constitución. Es decir que se pudiesen modificar desde la LOREG.

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Lo que podemos observar es que reducir el mínimo de escaños por provincia, contrariamente a lo que se suele decir, apenas mejora la situación, por lo que no es un parámetro significativo a la hora de mejorar la proporcionalidad. Ampliar el número de escaños a 400 (el máximo que nos deja la constitución española) sí reporta una cierta mejora, pero sigue siendo bastante insuficiente. Por último, abordamos la regla de reparto, substituyendo la regla D’Hondt por la de Sainte-Laguë; y aquí la mejora sí es sustancial.

Nota 1: De todas las reglas de reparto disponibles hemos optado por Sainte-Laguë por dos razones: en primer lugar, es también un método de divisor de la misma familia que D’Hondt, por lo que pasar de uno a otro será muy fácil a la hora de hacer el conteo; y en segundo lugar los métodos de divisor son matemáticamente consistentes y estables, a diferencia de lo que ocurre con los métodos de cuota o resto mayor, como Hare o Droop. Y como las diferencias de proporcionalidad entre Hare y Sainte-Laguë son mínimas, nos hemos decantado por usar en todo momento Sainte-Laguë para substituir a D’Hondt allí donde lo requiramos.

Nota 2: Aunque el aumento de diputados no es una medida muy efectiva debería considerarse en combinación a otras como una posible transaccional que permitiera que los partidos grandes aceptasen las medidas de mayor proporcionalidad sin que ello les supusiese demasiada pérdida en diputados.

Nota 3: No hemos considerado ningún cambio en la barrera legal del 3% en la provincia, por ser una limitación con efectos prácticamente nulos, ya que, en la práctica, salvo Madrid y Barcelona, el resto de provincias tienen barreras efectivas muy superiores a ese porcentaje.

Caso de estudio 2: introduciendo los escaños compensatorios

Este es el caso ampliamente analizado en el artículo que citábamos antes, ya que es un mecanismo que incorporan los países nórdicos para hacer a sus sistemas más proporcionales. Al tener un doble conteo, primero por circunscripciones y luego con una corrección proporcional que se ajusta mediante escaños compensatorios, hay quien ha dudado de la constitucionalidad de la reforma. Sin embargo, mientras se respete que los escaños se distribuyen en las circunscripciones provinciales y mientras se busque lograr una adecuada proporcionalidad, esta reforma sería perfectamente constitucional. Tanto es así que, a propuesta del gobierno de Zapatero, la Universidad de Granada ya hizo algunas sugerencias de cómo reformar la LOREG para darle proporcionalidad al sistema sin necesidad de reformar la constitución, y su propuesta pasaba por la introducción de escaños compensatorios, aunque en aquel caso con la inclusión también de, lo que denominaban, escaños a la gobernabilidad que encubrían una prima a los más votados. Suponemos que para satisfacer los intereses del PSOE de entonces.

Pero nosotros hemos querido analizar los compensatorios puros, estilo danés. Esto es, un grupo de escaños introducido única y exclusivamente para corregir las desproporciones y no para primar a nadie. Estos son los resultados:

Hemos experimentado introduciendo un 10% y un 20% de escaños compensatorios. Según el estudio de Taagepera & Shugart (1989), para garantizar que los escaños compensatorios corrigen cualquier desproporcionalidad, estos deberían ser un 25% del total. En la práctica, como vemos, se consiguen muy buenos resultados con algo menos. El reparto con escaños compensatorios se realiza primero repartiendo según circunscripciones y luego repartiendo los compensatorios para corregir las desviaciones. El reparto de esos compensatorios lo hemos realizado siempre mediante Sainte-Laguë y solo hemos introducido variaciones en la regla de reparto a nivel provincial. De tal manera que, si mantenemos D’Hondt, nos hacen falta el doble de compensatorios para obtener el mismo efecto. Así mismo, con los compensatorios hay que considerar no solo la barrera provincial sino también la global. Hemos puesto de partida una barrera baja del 0,5% que consideramos suficiente para eliminar la mayoría de partidos de un solo escaño, si eso fuera un requisito. Finalmente, hemos analizado el caso de máxima proporcionalidad, en el que no hay barrera global. Podemos concluir que los escaños compensatorios son una forma más potente de introducir proporcionalidad en el sistema que cualquiera de las analizadas en el primer caso de estudio.

Caso de estudio 3: circunscripción autonómica

Aquí ya entramos en el grupo de reformas que requerirían tocar la constitución. Aumentar el tamaño de la circunscripción produce una mejora notable en la proporcionalidad, equiparable a la obtenida cambiando la regla de reparto, tal y como veíamos en el caso 1. Si combinamos ambas modificaciones, la proporcionalidad mejora mucho más, y si además añadimos los escaños compensatorios vistos en el caso 2, entonces ya la mejora es total.

Caso de estudio 4: circunscripción única

Cuando hablamos de proporcionalidad en un sistema electoral, el caso de la circunscripción única es al que más se recurre. Es lógico porque es sencillo de entender y porque se supone que es el más proporcional de todos. Sin embargo, sería muy difícil de aplicar en España, no solo por que habría que cambiar la constitución como en el caso 3 sino porque, adicionalmente, chocaría con la realidad española, pues sería muy difícil que se aceptara un cambio así en muchas de las CCAA. De todos modos, hemos querido cuantificar el efecto de introducir la circunscripción única para que nos sirva de referencia con respecto a las otras modificaciones propuestas.

Lo primero que vemos es que la barrera legal del 3% para poder obtener representación en la circunscripción sí afecta aquí al reparto de escaños de forma notable. Esto es debido a que, como la circunscripción única es muy grande, una barrera del 3% limita mucho la entrada de los partidos pequeños. En este caso, entrarían solo 5, y tendríamos un parlamento parecido al Alemán, de muy pocos partidos pero muy proporcional entre los que superasen la barrera. Hay que decir que en el caso alemán, aún es peor, ya que ellos tienen una barrera del 5%. Esa barrera legal, tan difícil de salvar, es la que hace que el índice de desproporción de Gallagher de la primera variante del caso 4 sea elevado. Sin embargo, si rebajamos la barrera al 0,5%, o si la anulamos, la proporcionalidad aumenta rápidamente hasta converger con las mejores variantes de los casos 2 y 3.

Nota: En nuestras simulaciones con circunscripción única se han seguido considerando las ciudades autónomas como distritos aparte.

Conclusión

Queda claro que el efecto sobre la proporcionalidad de las modificaciones del caso 1 es bastante moderado aunque, en caso de limitarse solo a ellas, la recomendación es claramente centrarse en la regla de reparto e ir hacia el Sainte-Laguë. En caso de poder añadir escaños compensatorios, entonces podemos incrementar aún más la proporcionalidad y aprovechar para imponer una barrera global baja, de no más del 0,5%, si es que nos obligan a poner algo ahí. Se observa que con los escaños compensatorios se puede obtener un nivel de proporcionalidad muy cercano al obtenido con la circunscripción única. Por eso, en el improbable caso de que pudiésemos cambiar la circunscripción creemos que una mejora sustancial y de consenso sería la circunscripción autonómica. Un cambio así no supondría merma alguna en la proporcionalidad si además pudiéramos cambiar la regla de reparto y añadir algunos escaños compensatorios. Como curiosidad, hay que señalar que la regla de reparto es un factor menos relevante en la circunscripción única. Pero, como lo normal es que nos encontremos en un contexto de circunscripciones provinciales o, en el mejor de los casos, autonómicas, la regla de reparto sí que jugará un papel a tener en cuenta y será conveniente que sea Saint-Laguë, en el caso de coger un método de divisor (recomendado), o Hare, en el caso de escoger un método de resto mayor.

Cambios recomendados

Regla de reparto: D’Hondt -> Sainte-Laguë

Barrera legal: 3% provincial -> 0,5% global

Escaños compensatorios: Ninguno -> 20% del total (70 de 350)

Circunscripción: Provincia -> Comunidad autónoma (si se pudiese tocar la constitución)

Un Senado más proporcional también es posible

Esta cámara, que el 99% del tiempo no sirve para nada, tiene dos grandes poderes: el nombramiento de a una parte de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial y la capacidad de veto sobre una reforma constitucional. A la vista está que su verdadera utilidad es servir de cinturón de seguridad del régimen del 78, ya que las fuerzas conservadoras lo tienen muy fácil para atrincherarse en él. De hecho, es lo que ha ocurrido en la presente legislatura donde el PP, con tan solo un 29% de los votos, mantiene la mayoría absoluta en el Senado. Esto es así porque los senadores se designan mediante un sistema electoral mayoritario cuyo nivel de desproporción es aún más acusado que el del Congreso. Si bien es cierto que la constitución limita mucho la forma en la que deben elegirse los senadores, existe una vía para mejorar su representatividad sin tocar la carta magna. Se trataría de incorporar en el sistema de votación al Senado el método preferencial por Borda Dowdall. En él, el votante no solo tendría que elegir a qué senadores quiere sino también su orden de preferencia. Si bien el sistema seguiría presentando muchas deficiencias, su nivel de proporcionalidad se vería bastante incrementado y el PP perdería su poder de bloqueo en la cámara. Así, los gráficos siguientes demuestran que es posible mejorar la proporcionalidad del Senado solo tocando la LOREG.

Nota1: El Borda Dowdall es un sistema que ofrece una proporcionalidad análoga al sistema D’Hondt para listas. El recuento se realiza ponderando los votos. 1 voto para el primero, 1/2 para el segundo, 1/3 para el tercero y así sucesivamente. Hemos querido también experimentar con una versión modificada del mismo basada en el sistema de Sainte-Laguë. En este caso el sistema solo usa divisores impares de tal manera que el primero recibiría un voto, el segundo 1/3 y el tercero 1/5.

Nota2: Para poder realizar las simulaciones por ordenador hemos partido de dos supuestos razonables empíricamente demostrados. En primer lugar, hemos considerado que la mayoría de los votantes eligen a los senadores en bloque, es decir marcando a todos los de un mismo partido, sin mezclar y en el mismo orden en que le son presentados. En segundo lugar, consideramos que el elector vota, en la mayoría de los casos, al mismo partido al Congreso y al Senado.

Simulación del escenario multipartidista

Tal y como ha quedado el Congreso, queda claro que gobierne quien gobierne lo va a tener que hacer en minoría.

¿Qué implica un gobierno así?

PD: Desde este post invitamos a los lectores a sumarse también a esta iniciativa ciudadana (http://reformaleyelectoral.org/) para pedir un cambio en el régimen electoral hacia una mayor proporcionalidad, en la línea de lo apoyado desde este blog.