Ley electoral proporcional en la propuesta D100%

• Número de diputados: 350
• Número de circunscripciones (única): 1
• Barrera legal: 0,5% de los votos totales en todo el estado
• Regla de reparto: cociente Hare o bien el método Sainte Laguë
• Tipo de listas: desbloqueadas
• Período de mandato: 4 años máx. (revisable mediante moción de confianza anual)
• Voto nulo: no computa
• Voto en blanco: computa y obtiene representación en forma de escaños vacíos
• Voto sustractivo habilitado: se permite votar en contra de una lista, no solo a favor

Número de diputados

Normalmente un número mayor de representantes mejora la representatividad del parlamento pero también lo hace menos parlamento, por así decirlo. Cuanta más gente más improbable es que todos intervengan o sirvan para algo. Por no hablar del aumento de costes al tener que pagar a más diputados algo que ahora mismo, por razones obvias, sería profundamente impopular. En nuestro sistema propuesto, el valor lo dejamos igual que está porque entendemos que los demás cambios que introducimos mejoran sobradamente la proporcionalidad del mismo.

Circunscripción única

Lo partidos están obligados a presentar candidatos por todas las comunidades autónomas por las que se presentan. Aunque la circunscripción es única, los diputados serán seleccionados de todas las CCAA mediante cuotas, según su peso demográfico. Así el parlamento tendrá una proporcionalidad tanto territorial como por partidos casi perfecta. Con este cambio, lo que se pretende es eliminar uno de los principales efectos distorsionantes y lograr que todos los votos valgan lo mismo (ver: ley electoral en España).

Barrera legal

La barrera legal es el porcentaje mínimo de votos que ha de sacar una candidatura para poder optar a representación parlamentaria. Dado que un diputado sobre 350 es un 0,3% creemos que la barrera legal no debería ser nunca más baja de ese valor. Para evitar una excesiva atomización en forma de gran cantidad de partidos que conseguirían un solo escaño aún quedando por debajo del 0,3% hemos propuesto situar la barrera legal en el 0,5% de votos sobre todo el territorio nacional. Esta norma puede parecer algo conservadora pero hay que tener en cuenta que ya, con todas estas modificaciones, el aumento en la proporcionalidad es enorme.

Regla de reparto de escaños

Proponemos abandonar el sistema D’Hondt en favor del cociente Hare o de cualquiera de los métodos Sainte Laguë por ser mucho mas proporcionales en el reparto de escaños.

Listas desbloqueadas

En las listas desbloqueadas el elector que vota a una lista también puede influir sobre el orden con la que saldrán escogidos los diputados. El partido dará un orden inicial pero el orden definitivo vendrá determinado por las preferencias ciudadanas. Solo en caso de empate entre candidatos decidirá el orden previamente asignado por el partido.

El método para ordenar los candidatos será similar al del juicio mayoritario detallado en el informe GIME’09. Este mecanismo es totalmente intuitivo, no revistiendo de mayor complicación para el votante. Básicamente, además de votar la lista podrá introducir (siempre opcionalmente) una valoración sobre cada candidato. Sugerimos cuatro opciones posibles, Excelente, Bueno, Malo y Pésimo candidato. Por defecto, el elector se declararía sin opinión al no poder estar ninguna de las opciones rellenadas de antemano. Si el votante quisiese valorar algún nombre, en nuestra propuesta dispondría de dos calificaciones positivas (excelente, +2 puntos y bueno, +1 punto) y dos negativas (malo, -1 punto y pésimo, -2 puntos), quedando los candidatos sin valorar con calificación neutra (0 puntos).

En el caso de que alguien marque más de una casilla de valoración sobre un candidato la calificación hacia ese candidato se considerará nula pero el voto al partido seguirá siendo válido. Si en un sobre hubiese dos papeletas una con calificación y otra sin primará la papeleta calificada. En caso de que ambas contengan valoraciones pero estas sean distintas entonces solo se tendrá en cuenta el voto al partido.

Cada votante solo podrá ordenar las listas de los candidatos de su comunidad autónoma para evitar que puedan influir las rencillas interterritoriales en el orden de los candidatos.

Período de mandato revisable

El período seguirá siendo de 4 años, como ahora, pero con una sustancial variación y es que será revisable anualmente mediante una moción de confianza anual que se celebrará en forma de referéndum. La moción de confianza deberá coincidir en fechas con otros referéndums con el objetivo de maximizar la participación. Esta mejora democrática viene a substituir a la iniciativa electoral popular.

En un futuro próximo, cuando el voto electrónico remoto esté plenamente implantado, se podrá evolucionar hacia un sistema de elecciones de alta frecuencia haciendo ya innecesaria la moción de confianza tal y como aquí se plantea.

Votos especiales

Habrá una papeleta diseñada para los votos especiales.

• Nulo: Esta opción no computa y sirve simplemente para manifestar el rechazo sin influir en el resultado final. El voto nulo puede obtenerse también introduciendo en el sobre cosas que no sean una papeleta oficial o bien papeletas rotas o de dos partidos distintos.

• En blanco: Esta opción sí computará y tendrá su reflejo en el Congreso en forma de escaños vacíos siempre que supere la barrera legal del 0,5%. Podrá ejercerse también como hasta ahora, introduciendo un sobre vacío.

• Sustractivo: Permitirá votar en contra de un partido, en la papeleta se advertirá de que solo se pude votar en contra de un partido. Si hubiese más de uno marcado el voto se consideraría nulo. Este voto computa con valor negativo, es decir que se resta al valor de votos afirmativos hacia el partido en cuestión.

Resultados comparados del reparto de escaños

Lo primero que llama la atención en la propuesta planteada, es que el PP ya no obtendría mayoría absoluta, sería, de hecho, el partido más perjudicado. Eso es coherente con el hecho de que solo tiene el 44,6% de los votos. Esa enorme sobreponderación actual se debe, como ya se ha dicho, no solo a la ley D’Hondt sino también a que tiene una fuerte componente de voto rural que ya dijimos que cuenta más que el voto urbano. Lo que vemos, es que un sistema proporcional es en esencia menos conservador por cuanto es más fácil que una fuerza emergente logre desbancar a otra que ya se halle en una posición dominante. Los principales beneficiados de esta reforma serían, por tanto, las fuerzas nacionales emergentes (IU, UPyD y EQUO). Respecto a las formaciones nacionalistas y regionalistas los efectos globales de la reforma serían cuasi-neutros viéndose algunas ligeramente perjudicadas y otras ligeramente beneficiadas.

Pero el principal efecto de esta reforma no sería directo sino indirecto. Es de suponer que el comportamiento tanto de los votantes como de los partidos políticos sería distinto con una ley electoral auténticamente proporcional. Analicemos lo que podría ocurrir.

Sin primas a la gobernabilidad

En teoría política hay opiniones divergentes acerca de la gobernabilidad. El sistema proporcional, a diferencia del mayoritario, no otorga implícitamente primas a la gobernabilidad lo que hace que muchos sistemas se doten de reglamentos complicados y rebuscados o bastante restrictivos que los acercan más a sistemas mayoritarios para poder otorgar esas primas. En otros casos, como el griego o el italiano se otorgan primas de forma explícita al partido más votado. En el caso español además de las primas implícitas fruto de un reglamento retorcido tenemos un valor del voto no homogéneo valiendo más el voto rural lo que sistemáticamente ha venido beneficiando al PP incluso cuando perdía las elecciones dándose a veces el absurdo caso de que el segundo partido quedaba más primado que el primero.

Los grandes partidos PP y PSOE hablan de la necesidad de la gobernabilidad porque lo que ellos quieren es mandar sin tener que pactar con nadie o, a lo sumo, con pactos puntuales. Desean alternarse en el poder repartiéndose entre ambos todas las prebendas y beneficios de un sistema que les favorece. Por ello, en la propuesta RGB diseñada en 2009 a petición del Congreso para aumentar la proporcionalidad sin tener que tocar la constitución se incluye como uno de los objetivos el de primar la gobernabilidad. En nuestra propuesta, en cambio, solo hemos incluido una prima implícita, la barrera legal. Esta prima es la única que nos parece algo democrática porque tiene la virtud de repartirse por igual y sin discriminación entre todos los partidos que superen el umbral de representación.

Consecuencias endógenas al cambio de sistema electoral propuesto

El votante sería más proclive a dispersar el voto entre otras formaciones con posibilidades de obtener representación. Actualmente, gran parte del voto útil al bipartidismo procede de muchas provincias poco pobladas que otorgan 2 o 3 escaños. De la misma forma, los partidos emergentes también tienen parte de voto útil y es posible que otros partidos de menor peso como el PACMA o Escaños en Blanco pudieran verse reforzados ya que están muy cerca del umbral mínimo del 0,5% que hemos propuesto para poder obtener representación. Si se implantase también la moción de confianza anual es posible que el elector aún dispersase más su voto ya que se atrevería más a probar con otras formaciones sabiendo que, en caso de equivocarse, puede corregir su error al cabo de un año. Esto eliminaría también el voto útil derivado del sesgo de los partidos con más recursos por ser también los más votados y más capaces de dar imagen de «partidos de gobierno».

Por lo que respecta a los partidos su comportamiento también variaría notablemente. Muchos de ellos no verían la necesidad tan acuciante de presentarse todos juntos por lo que podrían ir por separado sin que se vieran mutuamente perjudicados por ello. Sería el caso del PP y de CIU que podrían dividirse en una parte conservadora y en otra liberal. También IU podría escindirse en más de una fuerza de izquierdas. En definitiva, tendríamos un mapa electoral más diverso y variado y la gente podría votar con una mayor precisión a programas que se ajustasen más a su manera de pensar. Por la misma razón, sería mas probable ver a nuevas fuerzas surgidas de los movimientos sociales ya que la probabilidad de obtener representación sería relativamente elevada. Pero no debemos engañarnos, la oligarquía también podría sacar tajada ya que con sus ingentes recursos podría crear más partidos y financiarlos todos para tratar de copar todo el espectro electoral con sus fuerzas títere, supliendo la dualidad del PP y el PSOE con una multiplicidad de 4 o 5 fuerzas similares pero bien financiadas que detraerían muchos votos de las fuerzas realmente hostiles. Por último, en caso de incluir el voto sustractivo se produciría un efecto positivo ya que los partidos ya no deberían solo agradar sino también evitar causar rechazo, en especial los partidos en el gobierno. El voto sustractivo haría incrementar la participación de gente que, aunque no tenga claro a quien votar si tenga claro a quien no quiere en el hemiciclo.

Urnas electrónicas (una mejora a medio plazo)

Para mejorar la pluralidad y reducir los costes electorales podría contemplarse, a medio plazo, la implementación de urnas electrónicas. El mecanismo funcionaría como sigue. Las papeletas electorales se podrían descargar desde internet ya con el voto hecho desde casa mediante autenticación por DNIe o certificado digital. Se imprimirían en DinA4 y se iría a los colegios electorales. Allí se encontraría con los sobres y con una urna electrónica con la que, previa introducción del DNIe, se imprimiría un código de barras adhesivo para pegar en el sobre del voto. Si el ciudadano no hubiese imprimido su papeleta también podría usar la propia urna para imprimir su papeleta in situ. La urna electrónica dispondría de rodillos de papel para imprimir cientos de papeletas personalizadas. El código de barras único contendría, codificados, los datos del colegio electoral, la mesa y el número de lista del votante. Una vez en la mesa, la validación del voto es sencilla, uno de los ciudadanos encargados usará un lector específico que registrará que esa persona ya ha votado e indicará el número de DNI del votante. El encargado solo tendrá que contrastar que el DNI de la persona coincide con el que le marca el lector. Eso hará el proceso mucho más ágil ya que los encargados de la mesa no tendrán que buscar y tachar el nombre del votante de una larga lista en papel. Además se evitará el excesivo consumo de papel puesto que solo se imprimirán las papeletas que se vayan a usar.

El recuento de votos tendrá dos fases. El recuento electrónico será casi instantáneo y será provisional hasta que finalice el recuento manual que tendrá ya en cuenta la información del orden de las listas así como de aquellos votos que por alguna razón no se hayan contado electrónicamente por ser fotocopias o impresiones fuera del sistema oficial de urnas electrónicas.

Del mandato representativo al mandato imperativo

Actualmente los políticos son elegidos por mandato representativo. Esto significa que ellos representan al pueblo y que pueden tomar decisiones en su nombre con total libertad dentro de los márgenes legales que ellos mismos elaboran. Esta característica, es propia de los modelos de gobierno representativo que son los que se impusieron tras la revolución francesa y la caída de los regímenes absolutistas. Sin embargo, el descubrimiento de que nuestros gobernantes actúan en contra de los intereses generales ha puesto en crisis la supuesta naturaleza representativa de las instituciones. Una primera mejora democrática que proponemos incorporar, es la revocabilidad de los cargos por iniciativa ciudadana. La sola existencia de este mecanismo de «guillotina democrática», por así decirlo, debería provocar en los políticos comportamientos algo más honestos y reajustar la realidad de su mandato representativo a la realidad social vigente. O al menos acercarse a ella.

Pero para muchos esto sigue siendo insuficiente. El mandato representativo sigue dando un excesivo margen de actuación al político y la revocación solo permitiría frenar los casos más clamorosos de manipulación, engaño o corrupción. Pero la mayoría de los casos de deshonestidad y falta de ética son sutiles y el público no suele averiguar su auténtica magnitud hasta que ya han terminado su mandato. Para entonces ya es demasiado tarde y no podemos más que indignarnos al verlos cruzar la puerta giratoria que los conduce al sector privado que tanto han beneficiado. Se hace necesario otro cambio de paradigma.

Se trataría principalmente de recuperar el mandato imperativo. Los cargos elegidos así están obligados a rendir cuentas permanentemente ante los ciudadanos que son los que tienen el deber de controlar sus funciones. Los políticos deben hacer aquello para lo que fueron elegidos y si no pueden o no saben hacerlo sencillamente o renuncian o el propio pueblo puede apartarlos del cargo con total legitimidad. Aquí el engaño y las promesas incumplidas no tienen cabida.

Hemos asimilado que la democracia no es entregar un cheque en blanco cada 4 años, así que, existe la necesidad de dar con una solución viable. Atendiendo al hecho de que las poblaciones actuales son de millones o incluso decenas de millones de habitantes vemos que ya no es posible ejercer el control sobre los electos tal y como los antiguos lo ejercían. Debe haber, y las hay, otras fórmulas democráticas que permitan ejercer ese control.

• La primera posibilidad sería mediante una legislación garantista en la que la transparencia y la obediencia para con los electores fueran leyes de obligado cumplimiento. Pero esta solución presenta dos graves problemas. En primer lugar, es algo ingenuo pensar que la legislación pueda controlar a los cargos sobre quienes recae todo el poder legislativo. Si solo ellos hacen las leyes parece poco probable que se limiten a sí mismos pues tarde o temprano terminarían por hacer las leyes a su conveniencia. Eso sigue siendo insuficiente.

• Otra fórmula mejor sería que esas normas estuviesen recogidas directamente en la constitución y que esta solo pudiese modificarse mediante referéndum. Esto añadiría un grado de protección mayor pero desembocaría en nuevos problemas de difícil solución. Los tribunales, y en especial el constitucional, serían los encargados de dirimir los casos de desobediencia y mala práxis política lo que llevaría a una judicialización de la política. Se añadiría una burocracia que probablemente dificultaría la gobernanza ya que los políticos y los partidos terminarían por usarla como arma contra sus enemigos políticos. Todo ello sin contar con que los jueces deberían poseer una independencia que ahora muchas veces no tienen. Asegurar dicha independencia se nos antoja difícil porque aunque los jueces se eligieran directamente por sufragio serían también los jueces patrocinados por los partidos los que tendrían la mayor cantidad de votos. Ello nos lleva a la conclusión de que esos juicios deberían funcionar mediante la fórmula del jurado popular que es la única que puede garantizar cierta independencia, siempre que el jurado sea relativamente numeroso. Pero cargar sobre la justicia algo que, a priori, deben ser los mismos ciudadanos quienes deben dirimir no parece muy sensato.

• Llegamos entonces a la que, nos parece la solución más simple y a la vez la más audaz. Se trataría pues de constituir un Foro Ciudadano permanente conformado a modo de gran jurado popular y encargado, entre otras tareas, de hacer cumplir el mandato imperativo de forma eficaz. Así, en los casos en que hubiese que evaluar la conducta de algún cargo electo o de algún partido intervendrían ciudadanos normales con plenos poderes reconocidos por la propia constitución y que podrían resolver de forma rápida e independiente. Si a eso le añadimos la posibilidad de que el pueblo legisle por sí mismo, pudiendo así imponer todo tipo de obligaciones a sus gobernantes, podemos decir que tenemos el problema de la falta de responsabilidad política resuelto.

Enlaces:

• El mandato representativo vs el 15M
• http://leyelectoral.es/
• http://www.ugr.es/~sistemaelectoral/RGB.html

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